Bloqueo: La oposición busca 7 millones de muertos

MISIÓN VERDAD CIUDAD COJEDES / FOTO CORTESÍA

El pasado martes 28 de mayo, el diputado autoproclamado “presidente interino” de Venezuela Juan Guaidó, durante una sesión de la Asamblea Nacional en desacato, arengó sobre la crisis por el acceso a medicamentos por parte de la población venezolana. La referencia la desencadenó a expensas de la reutilización política de la muerte del niño Oliver Sanchez en mayo de 2016, sobre el cual Guaidó manifestó en un claro ejercicio de manipulación que el infante “murió de cáncer esperando un tratamiento desde hace tres años”. Sin embargo, en medios abiertamente antichavistas como Efecto Cocuyo puede leerse que a Oliver Sánchez le diagnosticaron linfoma de Hodgkin “hace menos de un año” antes de su muerte.

En un evidente ejercicio de carroñería política, Guaidó procedió a utilizar la muerte de niños para sermonear responsabilidades al gobierno venezolano. “Hoy son 7 millones en riesgo de perder la vida”, dijo, en lo que podría considerarse una confesión de parte sobre los efectos de las acciones de bloqueo que han recaído sobre la población venezolana, limitando el acceso a medicamentos, a pesar de magnificar cifras en favor de su reflote político. Ya en agosto de 2017, en una comparecencia ante el país, el presidente Nicolás Maduro alertó del bloqueo en aquel momento, de la compra de 300 mil dosis de insulina para pacientes diabéticos en Venezuela.

Aquella locución fue emblemática pues anunció lo que ha sido el devenir en los últimos dos años: el recrudecimiento de las acciones de bloqueo y la inhabilitación en incremento de Venezuela del mercado internacional de alimentos y medicinas por parte de los Estados Unidos.

LA CAMPAÑA DE OCULTAMIENTO Y SEÑALAMIENTO SELECTIVO

En las últimas semanas la oposición venezolana dentro y fuera de Venezuela ha dispuesto su aparataje comunicacional para endosar al gobierno venezolano las reponsabilidades de la muerte de personas, entre ellos niños, a consecuencia de la crisis por el acceso de medicinas y la falta de tratamientos médicos.

No obstante el gobierno venezolano ha denunciado ante el sistema de las Naciones Unidas el boicot a las modalidades de pago de Venezuela, PDVSA y Citgo, filial estadounidense de la estatal petrolera, que no solo atienden el asunto energético, sino que gestionan programas sociales de salud en países como Italia, Argentina y España, y que han sido boicoteados de manera directa por la imposibilidad de efectuar los pagos, no por falta de recursos ni por desviación de ellos.

En Italia se encuentran en este momento 29 pacientes infantiles cuyos tratamientos y medicamentos de altos costos, así como el cronograma previsto para gozar de un trasplante de médula ósea, han sido suspendidos por la imposición del bloqueo. PDVSA, mediante la Fundación Simón Bolívar de CITGO, firmó un convenio con la italiana Asociación para el Transplante de Médula Ósea (ATMO), cuya factura no ha podido ser cancelada desde mayo de 2018 y cuya deuda acumulada asciende a los casi 11 millones de euros.

Sin embargo, Guaidó, en su ejercicio de predicar el temario opositor en materia de salud, también omite los efectos de las sanciones en el terreno. Dichos efectos tienen un referente concreto mediante el estudio que realizara el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) radicado en los Estados Unidos.

Según el estudio, “las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos, y han aumentado las enfermedades y la mortalidad” en Venezuela. El CEPR empleó datos de ENCOVI, una instancia no vinculada con el gobierno venezolano, para señalar el incremento de la mortalidad, que ha ascendido a un 31% en los años 2017 y 2018. En términos netos, el saldo humano por alcance directo del bloqueo a Venezuela consta de 40 mil muertes, según dicho estudio.

Esa organización realizó una estimación del impacto sobre grupos con un estado de salud vulnerable que están sufriendo el bloqueo de medicamentos. “Aproximadamente 80 mil personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, otras 16 mil personas que necesitan diálisis, unas 16 mil personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicina cardiovascular)”, indica el estudio, el cual reseña cifras más modestas que las que ofrece Juan Guaidó en su ejercicio de distribuir culpas selectivamente.

CONFESIONES DE PARTE Y ACTOS DE CHANTAJE

Las declaraciones de Guaidó podrían enmarcarse, pese a su intención, en una confesión pública de que “las sanciones están funcionando”, como bien lo anunció Mike Pompeo en 2018. Consisten en una declaración a la sociedad venezolana de que el daño contra la población en efecto puede incrementarse. Por otro lado, la confesión que realiza el diputado autoproclamado viene precedida por otra, asimismo, de índole pública. El 24 de abril, el Departamento de Estado norteamericano publicó una información titulada “Fact Sheet: U.S. Actions on Venezuela”, con la que confesaba y celebraba como parte de sus “logros” muchos de los gravísimos ataques y daños a la economía venezolana.

Entre los puntos destacados del documento del Departamento de Estado, se resalta que Washington celebra la caída de las exportaciones de crudo de Venezuela, “llevándolas al mínimo histórico” (hoy un poco más de 720 mil barriles, según la OPEP). Situación que genera consecuencias enormes en la capacidad del Estado venezolano para realizar importaciones ante la falta de divisas y, también, ante el bloqueo comercial que sufre el país. Las declaraciones sobre los “7 millones” de muertos por venir del diputado Guaidó son aspiraciones del antichavismo ante la agenda de cambio de régimen, cuyo rédito político proviene de la crisis venezolana.

En esa línea, la confesión del autoproclamado adquiere, además, un tono de chantaje en el contexto actual, por ser él mismo un elemento activo de pretendida legitimación del bloqueo estadounidense. Por semiótica elemental del discurso político, Guaidó y el gobierno estadounidense usan narrativas idénticas a las de un grupo de extorsionadores y secuestradores profesionales, quienes para alcanzar un objetivo político efectúan daños concretos en la realidad cotidiana, pero culpabilizan a otros de sus actos y sus consecuencias. En este caso, la irresponsabilidad asumida es un delito mayor contra la población.

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